ORDEN RELATIVA AL PAGO DE LOS PERITAJES JUDICIALES A CARGO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (texto castellano)

Orden relativa al pago de los peritajes judiciales a cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya (419/2009, de 17 de septiembre)
El Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, dentro del título III (. Del poder judicial en Cataluña.), Establece, en el capítulo III, las competencias de la Generalitat sobre la Administración de justicia.
Entre estas competencias se encuentra la correspondiente a los medios materiales de la Administración de justicia en Cataluña (artículo 104) y la relativa a la ordenación de los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita (artículo 106).
Con la vigencia del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, y mediante los Reales Decretos 966/1990, de 20 de julio, y 409/1996, de 1 de marzo, se traspasaron de la Administración de la Estado a la Generalitat de Cataluña las funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia y de las fiscalías, entre las que se incluye el pago de las indemnizaciones correspondientes a peritos y peritas ante los tribunales de justicia con sede en Cataluña. Las funciones y los servicios mencionados se atribuyeron en su día al Departamento de Justicia mediante el Decreto 129/1996, de 16 de abril. Más recientemente, el artículo 3.7.) del Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Generalidad de Cataluña atribuye al Departamento de Justicia las funciones relacionadas con el Administración de justicia en Cataluña.
El artículo 473.1 de la Ley Orgánica 6 / 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, dispone que pueden prestar servicios en la Administración de justicia el personal funcionario de otras administraciones que, con carácter ocasional o permanente, sea necesario para auxiliarla en el desarrollo de actividades concretas que no sean las propias de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia y que requieran conocimientos técnicos o especializados. Así, los jueces o juezas y los magistrados o magistradas pueden nombrar como perito o perita los funcionarios o funcionarias, los organismos o servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas que, tal como dispone el artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tienen derecho a reclamar honorarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que les correspondan, que, de conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, son con cargo al crédito presupuestario asignado al Ministerio u organismo al que pertenezca el perito o perita.
Asimismo, la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta la posibilidad de utilización de los recursos públicos para peritar que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con la finalidad de conjugar, de un lado, el acceso de toda la ciudadanía a la tutela judicial efectiva y, por otro, la racionalización en la utilización de los recursos públicos, en su artículo 6.6 establece que la regla general debe ser que los peritajes vayan a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, del funcionariado, de los organismos o de los servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas, y que, sólo excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos o técnicas en la materia no sea posible la asistencia pericial por peritos o peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las administraciones públicas, el peritaje se pueda llevar a cabo, si el juez o jueza o tribunal lo estima pertinente mediante resolución motivada, a cargo de técnicos o técnicas privados.
En este sentido, la Ley 1 / 2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, estableció una nueva regulación del procedimiento para designar judicialmente los peritos o peritos, de acuerdo con la cual los diversos colegios profesionales, las entidades análogas y las academias y las instituciones culturales y científicas deben enviar cada año a los órganos jurisdiccionales una lista de los miembros dispuestos a actuar como peritos o peritos judiciales.
Por su parte, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado y en cumplimiento del apartado 3 de su disposición final primera, el Departamento de Justicia elaboró una lista específica de profesionales y de técnicos y técnicas con disposición a actuar de forma inmediata ante los juzgados de guardia para celebrar los denominados juicios rápidos, e introdujo el pago adelantado de este tipo de peritajes, para asegurar la asistencia pericial en este tipo de procedimientos.
De esta manera, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia aprobó una nueva circular, la Circular 2 / 2003, de 23 de abril, relativa al pago de los peritajes judiciales, la que introducía, entre otras medidas, la fijación de unas cuantías máximas para el pago adelantado de determinadas tipologías de peritajes, con la que garantía, por un lado, la prestación del servicio de peritajes a los órganos judiciales y, por otro, la utilización racional de los recursos públicos.
Después del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Circular 2 / 2003, el Departamento de Justicia ha planteado la necesidad de dar un paso adelante para mejorar la prestación del servicio y, al mismo tiempo, conjugar los intereses legítimos de los peritos y peritas y la obligación de la Administración de utilizar los recursos públicos disponibles de la manera más eficiente posible. Por ello, se ha decidido ampliar el abanico de los peritajes judiciales susceptibles de pago adelantado y hacerlo extensivo a todos aquellos peritajes, con independencia del orden jurisdiccional en que se practiquen, cuyo coste pueda corresponder asumir al Departamento de Justicia . En estos casos, se fijan unas cantidades que el Departamento puede avanzar a los o las profesionales una vez hayan realizado el peritaje y antes de que recaiga la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento judicial. Para establecer estas cantidades se han tenido en cuenta los baremos que se establecieron en la Circular 2 / 2003, que se han revisado e incrementado, y se han puesto en relación con el coste y la dificultad que presentan de media los diferentes tipo de peritajes, además de tener en cuenta los baremos que aplican otras comunidades autónomas con competencias en la materia. Este sistema no obsta la posibilidad de que los y las profesionales, al final del procedimiento y siempre que haya un pronunciamiento del órgano judicial en materia de costas, puedan presentar la minuta de honorarios que crean justa para su exacción mediante las costas, devolviendo las cantidades que el Departamento de Justicia les haya avanzado.
Así, se concluye que el principal objetivo de esta Orden es doble: por un lado, garantizar la prestación del servicio de peritajes cuando éstos deban ser a cargo de la Administración, con respeto a los principios de sujeción a los presupuestos previstos en la utilización racional de los recursos públicos, y, por otro, garantizar a los y las profesionales el cobro de su labor sin necesidad de esperar a que finalice el procedimiento judicial.
Para conseguir la efectividad de las previsiones de esta Orden se ha estimado oportuno poner a disposición de los órganos judiciales, de acuerdo con las previsiones legales, una relación de los peritos y peritos con disposición a actuar en las condiciones previstas en esta Orden.
Por todo ello, y de acuerdo con el artículo 12.d) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora,
Ordeno:
Artículo 1 - Ámbito de aplicación
1.1 Esta Orden es aplicable a los peritajes realizados ante los órganos judiciales con sede en Cataluña cuyo coste pueda corresponder asumir al Departamento de Justicia y que hayan sido acordados en aquellos procedimientos judiciales en que se haya reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, y en el ámbito penal también cuando hayan sido acordados de oficio por el juez o jueza o por el tribunal o a instancia del Ministerio Fiscal.
También es aplicable a los peritajes que el Ministerio Fiscal haya ordenado directamente durante la instrucción del procedimiento en el ámbito de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores o en la fase de investigación previa al proceso penal.
1.2 Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Orden los peritajes que hayan sido acordados a instancia de parte que no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, los cuales deben ser a cargo de las partes y son objeto de regulación por la legislación procesal.
1.3 Los peritos y peritas deben estar en condiciones de hacer los dictámenes periciales que se les encarguen en la lengua que se les pida, sin que pueda producirse indefensión ni dilaciones indebidas debido a la lengua utilizada.
Artículo 2 - Peritajes que hayan realizado funcionarios o funcionarias u órganos dependientes de las administraciones públicas
2.1 Los funcionarios o funcionarias o los órganos técnicos de la Administración pública a quien se encomienda un peritaje que se puede incluir entre las actividades que tienen asignadas como tales no tienen derecho a reclamar honorarios en concepto del servicio pericial prestado, pero sí tienen, en su caso, los siguientes derechos:
a) Que se les resarza de los gastos en concepto de los desplazamientos y las dietas que les pueda ocasionar la realización del peritaje. A tal efecto, los gastos deben compensar como indemnizaciones por razón de servicio, las cuales deben ser a cargo del órgano administrativo del que dependa el perito o perita, de acuerdo con lo que establezca la normativa que le sea aplicable.
b) Que se les proporcionen, con carácter previo a la realización del peritaje, los medios materiales necesarios para practicar el servicio pericial que se les ha encargado.
2.2 En caso de que el Departamento de Justicia se haya hecho cargo de alguna de los gastos establecidas en el apartado anterior, una vez abonadas las mismas, las gerencias o los servicios territoriales correspondientes del Departamento de Justicia han de solicitar al secretario o secretaria judicial que, una vez finalizado el procedimiento, si no se dan los supuestos previstos que se indican en el artículo 4, haga los trámites oportunos para reintegrar al Departamento de Justicia el importe correspondiente.
Artículo 3 - Listas de peritos y peritas privados
3.1 Sin perjuicio de la lista de peritos y peritos que el Departamento de Justicia pone a disposición de los órganos judiciales, para que puedan actuar de acuerdo con lo establecido en los artículos 341 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Departamento de Justicia se ha de dirigir periódicamente, como mínimo con carácter anual, a los colegios profesionales o, en su caso, a entidades análogas, en academias e instituciones culturales y científicas, así como sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas en los casos de materias no comprendidas en títulos oficiales, para que éstos elaboren una lista específica de profesionales con disposición para realizar el peritaje, en los supuestos y condiciones previstas en esta Orden.
3.2 Esta lista específica se ha de facilitar a los órganos judiciales a través de medios telemáticos.
Artículo 4 - Supuestos en que corresponde al Departamento de Justicia hacerse cargo del coste de los peritajes
4.1 El Departamento de Justicia está obligado a hacerse cargo del pago de los peritajes acordados en el curso de un proceso judicial cuando se declara mediante una resolución firme alguno de los supuestos previstos en el apartado 4.4 de este artículo.
4.2 En el ámbito jurisdiccional social, el pago de los peritajes únicamente debe corresponder al Departamento de Justicia en los supuestos previstos en el apartado 4.4.2 de este artículo, siempre que la persona trabajadora o beneficiaria de la Seguridad Social haya pedido formalmente el derecho de asistencia jurídica gratuita y la haya obtenido.
4.3 Igualmente, se deben tener en cuenta las posibles limitaciones a las prestaciones del derecho que se contengan en la resolución que lo declare, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita.
4.4 El Departamento de Justicia se hará cargo del pago de los peritajes judiciales en los supuestos siguientes:
4.4.1 En el ámbito jurisdiccional penal:
a) Cuando se declaran las costas de oficio.
Aparte de los supuestos de declaración expresa de costas de oficio, se entienden también declaradas de oficio cuando se dicta auto de archivo de las actuaciones o de sobreseimiento libre o provisional, sin pronunciamiento expreso sobre las costas. En este supuesto, el Departamento de Justicia debe pagar el importe íntegro de los peritajes acordados por el juez o jueza, bien de oficio, bien a instancia del Ministerio Fiscal.
En el caso que una de las partes sea titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita o haya sido declarada insolvente, el Departamento de Justicia se hará cargo de los peritajes que haya acordado el juez o jueza a instancia de ésta, siempre que no haya obtenido cantidad alguna en el pleito. Si ha obtenido alguna cantidad, pero esta es inferior al triple del importe de las costas causadas en su defensa, el Departamento de Justicia debe abonar el porcentaje del importe del peritaje que se obtenga en aplicación de la artículo 36.3 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
b) Cuando hay varias personas procesadas condenadas en costas y una de ellas es titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita o se declara la insolvencia.
En este supuesto, el Departamento de Justicia debe pagar la parte proporcional correspondiente a la persona titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, fijada en la resolución que pone fin a la causa, de los peritajes que el juez o jueza haya acordado, bien de oficio, bien a instancia del Ministerio Fiscal, bien a instancia de la persona titular del derecho. Si la persona titular del derecho mejora la situación económica en los tres años siguientes al final del procedimiento, en los términos que establece el artículo 36.2 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, está obligada a reintegrar el importe de los peritajes que el Departamento de Justicia haya pagado.
c) Cuando la parte condenada en costas es titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita o es declarada insolvente.
En este supuesto, el Departamento de Justicia debe pagar el importe íntegro de los peritajes que el juez o jueza haya ordenado, bien de oficio, bien a instancia del Ministerio Fiscal, bien a instancia de la persona titular del derecho. Si la persona titular del derecho mejora la situación económica dentro de los tres años siguientes a la finalización del procedimiento, en los términos que establece el artículo 36.2 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, está obligada a reintegrar el importe de los peritajes que el Departamento de Justicia haya pagado.
4.4.2 En el resto de ámbitos jurisdiccionales:
a) Cuando la parte condenada en costas es titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En este supuesto, el Departamento de Justicia debe pagar el importe íntegro de los peritajes que el juez o jueza o tribunal haya ordenado, bien de oficio, bien a instancia del Ministerio Fiscal, bien a instancia de la persona titular del derecho. Si la persona titular del derecho mejora la situación económica en los tres años siguientes al final del procedimiento, en los términos que establece el artículo 36.2 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, está obligada a reintegrar el importe de los peritajes que el Departamento de Justicia haya pagado.
b) Cuando no hay pronunciamiento expreso sobre las costas y la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita no ha obtenido ninguna cantidad en el pleito.
En este supuesto, el Departamento de Justicia debe pagar el importe correspondiente a las costas en concepto de peritajes causadas en defensa de la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
c) Cuando no hay pronunciamiento expreso sobre las costas y la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita ha vencido en el procedimiento, pero lo que ha obtenido es inferior al triple del importe de las costas causadas en la su defensa.
En este caso, el Departamento de Justicia ha de abonar el importe correspondiente a las costas en concepto de peritajes causadas en defensa de la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita en el porcentaje que corresponda una vez efectuado el prorrateo que establece el artículo 36.3 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Tanto en este supuesto como en el anterior, se entienden como costes en concepto de peritajes causadas en la defensa de la parte beneficiaria las siguientes: la parte proporcional de las costas comunes generadas como consecuencia de los peritajes que el juez o jueza ha acordado de oficio o, en su caso, a instancia del Ministerio Fiscal, y el importe íntegro de los peritajes ordenados por el juez o jueza a instancia de la persona beneficiaria.
4.5 El Departamento de Justicia también debe hacerse cargo de los peritajes que el Ministerio Fiscal haya acordado durante la instrucción del procedimiento en el ámbito de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores o en la fase de investigación previa al proceso penal, siempre que, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior y la legislación procesal de aplicación, éstos no deban ser a cargo de las partes.
Artículo 5 - Peritajes acordados en un procedimiento de ejecución
Los peritajes cuyo importe se puede satisfacer mediante la cantidad obtenida en un proceso de ejecución no son a cargo del Departamento de Justicia. En caso de que la cantidad obtenida sea insuficiente, el Departamento de Justicia debe pagar el importe que corresponda satisfacer, en su caso, a la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y también, en la jurisdicción social, en la persona declarada insolvente, con los límites cuantitativos fijados en el anexo de esta Orden, según el objeto del dictamen pericial. En los supuestos de insolvencia de la jurisdicción social, para el pago de estos peritajes se requiere el correspondiente certificado judicial de la insolvencia total o parcial de la persona ejecutada.
Artículo 6 - Pago adelantado de los peritajes judiciales
El Departamento de Justicia puede adelantar el pago de los peritajes judiciales incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1, en los términos y de acuerdo con los criterios que se indican a continuación:
a) El Departamento de Justicia puede adelantar el pago del peritaje una vez que el perito o perita haya realizado y entregado el dictamen pericial correspondiente al órgano judicial o, en su caso, al Ministerio Fiscal.
b) Las gerencias y los servicios territoriales del Departamento de Justicia pueden adelantar el pago de los peritajes por una cantidad comprendida dentro de los intervalos establecidos en el anexo, de acuerdo con el objeto del dictamen pericial. Dentro de estos intervalos, las gerencias y los servicios territoriales pueden valorar e instar a la reducción de las minutas de honorarios que los peritos y peritos hayan presentado, en función de la dificultad del dictamen pericial.
No obstante lo anterior, el perito o perita, una vez finalizado el procedimiento mediante una resolución judicial firme, puede presentar una nueva minuta de honorarios profesionales para que sea abonada, en su caso, por la parte condenada en costas. En caso de que la parte condenada en costas sea beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita, sólo deberá abonar la minuta si su situación económica mejora en los tres años siguientes al fin del procedimiento, en los términos que establece la artículo 36.2 de la Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Una vez la parte obligada a pagar las costas haga efectivo el importe del peritaje, deben seguirse los trámites previstos en el artículo 7.6.
c) En los precios fijados se incluye el IVA y demás impuestos que sean aplicables, así como todos los gastos que haya supuesto la emisión del dictamen pericial, incluidos los desplazamientos y las comparecencias judiciales del perito o perita, si caso.
d) El Departamento de Justicia en ningún caso debe abonar provisiones de fondos a los peritos o peritas designados.
e) En determinados supuestos, el Departamento de Justicia puede autorizar el pago de peritajes la minuta supere las cantidades fijadas en el anexo. Estos supuestos deben reunir uno o más de los siguientes requisitos:
1. Que el peritaje consista en la valoración de un número elevado de objetos, siempre que ésta resulte especialmente compleja.
2. Que para realizar el dictamen pericial sea necesario utilizar medios y éstos sean especialmente costosos y no se puedan entender como habituales. En estos casos, el Departamento de Justicia puede adelantar los gastos necesarios para realizar el dictamen.
3. Que, dada la naturaleza del objeto del dictamen, éste conlleve una especial complejidad y / o no sea posible ni por analogía incluir el objeto del dictamen en ninguna de las categorías y los precios establecidos en el anexo.
En todos estos casos, el técnico o técnica privado debe remitir necesariamente a las gerencias o los servicios territoriales del Departamento de Justicia que correspondan, para su aprobación, una previsión del coste económico del peritaje, que debe incluir los siguientes aspectos:
1. Tiempo previsto para realizar el peritaje y la valoración del coste por hora.
2. Gastos extraordinarios necesarios para hacerlo.
3. Copia de la resolución judicial o de la disposición del Ministerio Fiscal por la que se le encarga el peritaje.
Las gerencias y los servicios territoriales del Departamento de Justicia han de solicitar un informe razonado del Juez o Jueza o del tribunal que ha ordenado el peritaje, o, si procede, del secretario o secretaria judicial o del Ministerio Fiscal.
Corresponde a las gerencias y los servicios territoriales del Departamento de Justicia aprobar o denegar motivadamente la previsión del coste económico del peritaje, siempre que no supere los 1.500 euros. En caso de que el presupuesto del peritaje supere los 1.500 euros, para aprobarlo, es necesaria la autorización previa de la Subdirección General de Apoyo Judicial de la Dirección General de Recursos de la Administración de Justicia.
La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada de acuerdo con el anterior.
En el supuesto de que se prescinda total o parcialmente del procedimiento descrito, el Departamento de Justicia abonará únicamente las cantidades establecidas en el anexo, según el objeto del dictamen pericial.
Artículo 7 - Tramitación del pago y documentación
7.1 El Departamento de Justicia debe aprobar los formularios necesarios para tramitar el pago de los peritajes regulado en esta Orden. Estos formularios se pueden obtener en las gerencias y los servicios territoriales del Departamento de Justicia, en las oficinas judiciales ya través del web de la Administración de justicia y de otros portales y / o aplicaciones informáticas que determine el Departamento de Justicia. En estos lugares también se informa sobre la documentación imprescindible que debe adjuntar a la solicitud de pago de honorarios profesionales o, en su caso, de las indemnizaciones por razón de servicio, para que se tramite.
7.2 El pago debe tramitarse preferentemente a través de la aplicación informática que el Departamento de Justicia habilite a tal efecto.
7.3 El perito o perita debe iniciar la tramitación del pago regulado en esta Orden en un plazo máximo de tres meses desde la entrega del dictamen pericial. Superado este plazo, el perito o perita debe esperar a que el procedimiento judicial acabe mediante una resolución firme para poder reclamar, si procede, el pago del peritaje al Departamento de Justicia.
7.4 Las Gerencias o los servicios territoriales correspondientes deberán comunicar oportunamente al juzgado o tribunal que ha pagado el peritaje al perito o perita, a los efectos de la tasación y la regulación de las costas del procedimiento que corresponda.
7.5 Una vez finalizado el procedimiento, el secretario o secretaria judicial debe entregar a la gerencia o los servicios territoriales del Departamento de Justicia correspondientes un certificado que acredite que el procedimiento judicial ha finalizado mediante una resolución judicial firme, con indicación de si se cumplen o no los supuestos previstos en el artículo 4.
7.6 En caso de que se haya adelantado el pago del peritaje, pero una vez dictada la sentencia no se producen los supuestos consignados en el artículo 4, en el momento en que la parte obligada a pagar haga efectivo el importe del peritaje, el secretario o secretaria del juzgado o tribunal que taxe y regule las costas debe ordenar el ingreso de las cantidades adelantadas en la cuenta restringida de ingresos núm. 2100.0679.11.0200493175 del Departamento de Justicia. El secretario o secretaria judicial debe comunicar el ingreso realizado en la gerencia o los servicios territoriales correspondientes, especificar el concepto y dejar constancia del procedimiento judicial en cuestión.
En el caso que por cualquier circunstancia el perito o perita hubiera percibido de la parte obligada a pagar el peritaje la minuta de honorarios profesionales correspondiente, habiendo recibido con anterioridad el importe avanzado del peritaje, deberá devolver el importe adelantado por el Departamento de Justicia, ingresar en dicha cuenta del Departamento de Justicia y presentar un justificante de dicho ingreso a la gerencia o los servicios territoriales correspondientes, en el que deberá especificar el concepto y dejar constancia del procedimiento judicial en cuestión.
7.7 En el caso de que no se haya tramitado el pago adelantado del peritaje judicial, una vez finalizado el procedimiento judicial, el perito o perita debe entregar a la gerencia o los servicios territoriales del Departamento de Justicia correspondientes, junto con la solicitud de abono del peritaje, un certificado del secretario o secretaria judicial que acredite que el procedimiento judicial ha finalizado mediante una resolución judicial firme y que se cumplen los supuestos previstos en el artículo 4 para que el Departamento de Justicia asuma el pago del peritaje judicial, además de la documentación a que se refiere este artículo.
Artículo 8 - Inhibición del órgano judicial a favor de otro juzgado o tribunal
Los peritajes que han sido acordados por jueces o juezas que posteriormente se han inhibido de la causa a favor de otro juzgado o tribunal deben ser tramitados por este último órgano judicial. En caso de inhibición a favor de órganos judiciales de fuera de Cataluña, el Departamento de Justicia no se hará cargo del importe de estos peritajes.
Artículo 9 - Formación
El Departamento de Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, debe promover la realización de actividades formativas en materias relacionadas con los peritajes judiciales, así como las relacionadas con su pago.
También puede colaborar con los colegios profesionales y otras entidades en las actividades formativas que realicen en estas materias.
Disposición adicional
En el plazo de dos meses desde la publicación de esta Orden, los colegios profesionales y demás entidades mencionadas en el artículo 3 deben facilitar al Departamento de Justicia las listas de profesionales dispuestos a actuar como peritos y peritas cuando el juez o jueza los / las llamen, bien de oficio, bien a instancia del Ministerio Fiscal o bien a instancia de una parte que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, en las condiciones fijadas en esta Orden. Una vez recibidas estas listas, el Departamento de Justicia las ha de facilitar a los órganos judiciales.
Disposiciones transitorias
Primera
Las solicitudes de pago de peritajes judiciales correspondientes a nombramientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden se regirán por la Circular 2 / 2003, de 23 de abril, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de pago de los peritajes judiciales. Si el nombramiento del o de la profesional se produce con posterioridad a la entrada en vigor de esta Orden, ésta será aplicable a la solicitud de pago correspondiente.
Segunda
Mientras los órganos judiciales y los o las profesionales no dispongan de los medios necesarios para tramitar el pago de los peritajes judiciales mediante la aplicación informática que haya habilitado el Departamento de Justicia, las solicitudes de pago de peritajes judiciales se pueden presentar en papel ante las gerencias y los servicios territoriales del Departamento de Justicia correspondientes, y utilizar a estos efectos los mismos formularios previstos en el artículo 7.1.
Disposición derogatoria
Esta Orden deroga la Circular 2 / 2003, de 23 de abril, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de pago de los peritajes judiciales.
Disposiciones finales
Primera
Se faculta al secretario o secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia para que dicte las circulares e instrucciones necesarias para el desarrollo, la eficacia y la ejecución de lo dispuesto en esta Orden, en especial, para aprobar los formularios necesarios para tramitar el pago los peritajes y para regular las listas de peritos y peritos específicas a que se refiere el artículo 3.
Igualmente, se autoriza al director o directora general de Recursos de la Administración de Justicia a que revise periódicamente la tipología y los importes de los peritajes judiciales previstos en el anexo, en función de las necesidades que se planteen y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Segunda
Esta Orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 17 de septiembre de 2009
Montserrat Tura - Consejera de Justicia

Anexo - Tabla de precios de honorarios periciales según el objeto del dictamen:
- Bienes muebles, vehículos, joyas y objetos preciosos: de 40 euros a 65 euros
- Daños a bienes inmuebles: de 70 euros a 100 euros
- Maquinaria industrial: de 210 euros a 300 euros
- Antigüedades y obras de arte: de 210 euros a 300 euros
- Electrónica, informática y telecomunicaciones: de 210 euros a 300 euros
- Auditoría y valoraciones empresariales: de 420 euros a 600 euros
- Informes médicos, psicológicos y de los profesionales sanitarios: de 350 euros a 500 euros
- Comprobaciones topográficas, edificación: de 280 euros a 400 euros
- Periciales caligràfiques: de 210 euros a 300 euros
- Valoraciones bienes inmuebles, hipotecarios: de 210 euros a 300 euros
- Ambientales: de 280 euros a 400 euros
- Peritajes acordados en ejecuciones sociales: de 110 euros a 150 euros

Ordre relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya (texto en catalán)

Ordre relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya (419/2009, de 17 de setembre)
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, dins el títol III (.Del poder judicial a Catalunya.), estableix, en el capítol III, les competències de la Generalitat sobre l'Administració de justícia.
Entre aquestes competències hi ha la corresponent als mitjans materials de l'Administració de justícia a Catalunya (article 104) i la relativa a l'ordenació dels serveis de justícia gratuïta i d'orientació jurídica gratuïta (article 106).
Amb la vigència de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979, i mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 de juliol, i 409/1996, d'1 de març, es van traspassar de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya les funcions en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia i de les fiscalies, entre les quals s'inclou el pagament de les indemnitzacions corresponents a perits i perites davant els tribunals de justícia amb seu a Catalunya. Les funcions i els serveis esmentats es van atribuir al seu dia al Departament de Justícia mitjançant el Decret 129/1996, de 16 d'abril. Més recentment, l'article 3.7.a) del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya atribueix al Departament de Justícia les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya.
L'article 473.1 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, en la redacció que li dóna la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, disposa que poden prestar serveis a l'Administració de justícia el personal funcionari d'altres administracions que, amb caràcter ocasional o permanent, sigui necessari per auxiliar-la en el desenvolupament d'activitats concretes que no siguin les pròpies dels cossos de funcionariat al servei de l'Administració de justícia i que requereixin coneixements tècnics o especialitzats. Així, els jutges o jutgesses i els magistrats o magistrades poden nomenar com a perit o perita els funcionaris o funcionàries, els organismes o els serveis tècnics dependents de les administracions públiques que, tal com disposa l'article 465 de la Llei d'enjudiciament criminal, no tenen dret a reclamar honoraris, sens perjudici de les indemnitzacions que els corresponguin, que, de conformitat amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, són a càrrec del crèdit pressupostari assignat al Ministeri o l'organisme al qual pertanyi el perit o perita.
Així mateix, la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, tenint en compte la possibilitat d'utilització dels recursos públics per peritar que preveu la Llei orgànica del poder judicial, i amb la finalitat de conjugar, d'una banda, l'accés de tota la ciutadania a la tutela judicial efectiva i, de l'altra, la racionalització en la utilització dels recursos públics, en l'article 6.6 estableix que la regla general ha de ser que els peritatges vagin a càrrec del personal tècnic adscrit als òrgans jurisdiccionals, del funcionariat, dels organismes o dels serveis tècnics dependents de les administracions públiques, i que, només excepcionalment i quan per inexistència de tècnics o tècniques en la matèria no sigui possible l'assistència pericial per perits o perites dependents dels òrgans jurisdiccionals o de les administracions públiques, el peritatge es pugui dur a terme, si el jutge o jutgessa o tribunal ho estima pertinent mitjançant una resolució motivada, a càrrec de tècnics o tècniques privats.
En aquest sentit, la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, va establir una nova regulació del procediment per designar judicialment els perits o perites, d'acord amb la qual els diversos col·legis professionals, les entitats anàlogues i les acadèmies i les institucions culturals i científiques han de trametre cada any als òrgans jurisdiccionals una llista dels membres disposats a actuar com a perits o perites judicials.
Per la seva banda, arran de l'entrada en vigor de la Llei 38/2002, de 24 d'octubre, de reforma parcial de la Llei d'enjudiciament criminal, sobre el procediment per a l'enjudiciament ràpid i immediat de determinats delictes i faltes, i de modificació del procediment abreujat i en compliment de l'apartat 3 de la seva disposició final primera, el Departament de Justícia va elaborar una llista específica de professionals i de tècnics i tècniques amb disposició a actuar de forma immediata davant els jutjats de guàrdia per celebrar els anomenats judicis ràpids, i va introduir el pagament avançat d'aquest tipus de peritatges, per tal d'assegurar l'assistència pericial en aquest tipus de procediments.
D'aquesta manera, la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia va aprovar una nova circular, la Circular 2/2003, de 23 d'abril, relativa al pagament dels peritatges judicials, la qual introduïa, entre altres mesures, la fixació d'unes quanties màximes per al pagament avançat de determinades tipologies de peritatges, amb la qual garantia, d'una banda, la prestació del servei de peritatges als òrgans judicials i, de l'altra, la utilització racional dels recursos públics.
Després del temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la Circular 2/2003, el Departament de Justícia s'ha plantejat la necessitat de fer un pas endavant per tal de millorar la prestació del servei i, alhora, conjugar els interessos legítims dels perits i perites i l'obligació de l'Administració d'utilitzar els recursos públics disponibles de la manera més eficient possible. Per això, s'ha decidit ampliar el ventall dels peritatges judicials susceptibles de pagament avançat i fer-lo extensiu a tots aquells peritatges, amb independència de l'ordre jurisdiccional en què es practiquin, el cost dels quals pugui correspondre assumir al Departament de Justícia. En aquests casos, es fixen unes quantitats que el Departament pot avançar als o a les professionals una vegada hagin realitzat el peritatge i abans que recaigui la resolució definitiva que posi fi al procediment judicial. Per establir aquestes quantitats s'han tingut en compte els barems que s'establiren a la Circular 2/2003, que s'han revisat i incrementat, i s'han posat en relació amb el cost i la dificultat que presenten de mitjana els diferents tipus de peritatges, a més de tenir en compte també els barems que apliquen altres comunitats autònomes amb competències en la matèria. Aquest sistema no obsta la possibilitat que els i les professionals, a la fi del procediment i sempre que hi hagi un pronunciament de l'òrgan judicial en matèria de costes, puguin presentar la minuta d'honoraris que creguin justa per a la seva exacció mitjançant les costes, tot retornant les quantitats que el Departament de Justícia els hagi avançat.
Així, es conclou que el principal objectiu d'aquesta Ordre és doble: d'una banda, garantir la prestació del servei de peritatges quan aquests hagin de ser a càrrec de l'Administració, amb respecte als principis de subjecció als pressupostos previstos i a la utilització racional dels recursos públics, i, de l'altra, garantir als i les professionals el cobrament de la seva tasca sense necessitat d'esperar que finalitzi el procediment judicial.
Per tal d'aconseguir l'efectivitat de les previsions d'aquesta Ordre s'ha estimat oportú posar a disposició dels òrgans judicials, d'acord amb les previsions legals, una relació dels perits i perites amb disposició a actuar en les condicions previstes en aquesta Ordre.
Per tot això, i d'acord amb l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
Ordeno:
Article 1
Àmbit d'aplicació
1.1 Aquesta Ordre és aplicable als peritatges realitzats davant dels òrgans judicials amb seu a Catalunya el cost dels quals pugui correspondre assumir al Departament de Justícia i que hagin estat acordats en aquells procediments judicials en què s'hagi reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta, i en l'àmbit penal també quan hagin estat acordats d'ofici pel jutge o jutgessa o pel tribunal o a instància del Ministeri Fiscal.
També és aplicable als peritatges que el Ministeri Fiscal hagi ordenat directament durant la instrucció del procediment en l'àmbit de la Llei orgànica de responsabilitat penal dels menors o en la fase d'investigació prèvia al procés penal.
1.2 S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre els peritatges que hagin estat acordats a instància de part que no tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta, els quals han de ser a càrrec de les parts i són objecte de regulació per la legislació processal.
1.3 Els perits i perites han d'estar en condicions de fer els dictàmens pericials que se'ls encarreguin en la llengua que se'ls demani, sense que es pugui produir indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada.
Article 2
Peritatges que hagin realitzat funcionaris o funcionàries o òrgans dependents de les administracions públiques
2.1 Els funcionaris o funcionàries o els òrgans tècnics de l'Administració pública a qui s'encomana un peritatge que es pot incloure entre les activitats que tenen assignades com a tals no tenen dret a reclamar honoraris en concepte del servei pericial prestat, però sí que tenen, si s'escau, els drets següents:
a) Que se'ls rescabali de les despeses en concepte dels desplaçaments i les dietes que els pugui ocasionar la realització del peritatge. A aquest efecte, les despeses s'han de compensar com a indemnitzacions per raó de servei, les quals han de ser a càrrec de l'òrgan administratiu del qual depengui el perit o perita, d'acord amb el que estableixi la normativa que li sigui aplicable.
b) Que se'ls proporcionin, amb caràcter previ a la realització del peritatge, els mitjans materials necessaris per practicar el servei pericial que se'ls ha encarregat.
2.2 En cas que el Departament de Justícia s'hagi fet càrrec d'alguna de les despeses establertes a l'apartat anterior, un cop abonades aquestes, les gerències o els serveis territorials corresponents del Departament de Justícia han de sol·licitar al secretari o secretària judicial que, una vegada finalitzat el procediment, si no es donen els supòsits previstos que s'indiquen a l'article 4, faci els tràmits oportuns per tal de reintegrar al Departament de Justícia l'import corresponent.
Article 3
Llistes de perits i perites privats
3.1 Sens perjudici de la llista de perits i perites que el Departament de Justícia posa a disposició dels òrgans judicials, perquè puguin actuar d'acord amb el que estableixen els articles 341 i següents de la Llei d'enjudiciament civil, el Departament de Justícia s'ha de dirigir periòdicament, com a mínim amb caràcter anual, als col·legis professionals o, si s'escau, a entitats anàlogues, a acadèmies i institucions culturals i científiques, així com a sindicats, associacions i entitats apropiades en els casos de matèries no compreses en títols oficials, per tal que aquests elaborin una llista específica de professionals amb disposició per dur a terme el peritatge, en els supòsits i les condicions previstes en aquesta Ordre.
3.2 Aquesta llista específica s'ha de facilitar als òrgans judicials a través de mitjans telemàtics.
Article 4
Supòsits en què correspon al Departament de Justícia fer-se càrrec del cost dels peritatges
4.1 El Departament de Justícia està obligat a fer-se càrrec del pagament dels peritatges acordats en el curs d'un procés judicial quan es declara mitjançant una resolució ferma algun dels supòsits previstos a l'apartat 4.4 d'aquest article.
4.2 En l'àmbit jurisdiccional social, el pagament dels peritatges únicament ha de correspondre al Departament de Justícia en els supòsits previstos a l'apartat 4.4.2 d'aquest article, sempre que la persona treballadora o beneficiària de la Seguretat Social hagi demanat formalment el dret d'assistència jurídica gratuïta i l'hagi obtingut.
4.3 Igualment, s'han de tenir en compte les possibles limitacions a les prestacions del dret que es continguin a la resolució que el declari, d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
4.4 El Departament de Justícia s'ha de fer càrrec del pagament dels peritatges judicials en els supòsits següents:
4.4.1 En l'àmbit jurisdiccional penal:
a) Quan es declaren les costes d'ofici.
A banda dels supòsits de declaració expressa de costes d'ofici, s'entenen també declarades d'ofici quan es dicta interlocutòria d'arxivament de les actuacions o de sobreseïment .lliure o provisional., sense pronunciament exprés sobre les costes. En aquest supòsit, el Departament de Justícia ha de pagar l'import íntegre dels peritatges acordats pel jutge o jutgessa, bé d'ofici, bé a instància del Ministeri Fiscal.
En el cas que una de les parts sigui titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta o hagi estat declarada insolvent, el Departament de Justícia s'ha de fer càrrec dels peritatges que hagi acordat el jutge o jutgessa a instància d'aquesta, sempre que no n'hagi obtingut cap quantitat en el plet. Si ha obtingut alguna quantitat, però aquesta és inferior al triple de l'import de les costes causades en la seva defensa, el Departament de Justícia ha d'abonar el percentatge de l'import del peritatge que s'obtingui en aplicació de l'article 36.3 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
b) Quan hi ha diverses persones processades condemnades a costes i una d'elles és titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta o se'n declara la insolvència.
En aquest supòsit, el Departament de Justícia ha de pagar la part proporcional corresponent a la persona titular del dret d'assistència jurídica gratuïta, fixada en la resolució que posa fi a la causa, dels peritatges que el jutge o jutgessa hagi acordat, bé d'ofici, bé a instància del Ministeri Fiscal, bé a instància de la persona titular del dret. Si la persona titular del dret millora la situació econòmica en els tres anys següents a la fi del procediment, en els termes que estableix l'article 36.2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, està obligada a reintegrar l'import dels peritatges que el Departament de Justícia hagi pagat.
c) Quan la part condemnada a costes és titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta o és declarada insolvent.
En aquest supòsit, el Departament de Justícia ha de pagar l'import íntegre dels peritatges que el jutge o jutgessa hagi ordenat, bé d'ofici, bé a instància del Ministeri Fiscal, bé a instància de la persona titular del dret. Si la persona titular del dret millora la situació econòmica dins dels tres anys següents a la fi del procediment, en els termes que estableix l'article 36.2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, està obligada a reintegrar l'import dels peritatges que el Departament de Justícia hagi pagat.
4.4.2 En la resta d'àmbits jurisdiccionals:
a) Quan la part condemnada a costes és titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta.
En aquest supòsit, el Departament de Justícia ha de pagar l'import íntegre dels peritatges que el jutge o jutgessa o tribunal hagi ordenat, bé d'ofici, bé a instància del Ministeri Fiscal, bé a instància de la persona titular del dret. Si la persona titular del dret millora la situació econòmica en els tres anys següents a la fi del procediment, en els termes que estableix l'article 36.2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, està obligada a reintegrar l'import dels peritatges que el Departament de Justícia hagi pagat.
b) Quan no hi ha pronunciament exprés sobre les costes i la persona titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta no ha obtingut cap quantitat en el plet.
En aquest supòsit, el Departament de Justícia ha de pagar l'import corresponent a les costes en concepte de peritatges causades en defensa de la persona titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta.
c) Quan no hi ha pronunciament exprés sobre les costes i la persona titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta ha vençut en el procediment, però el que n'ha obtingut és inferior al triple de l'import de les costes causades en la seva defensa.
En aquest cas, el Departament de Justícia ha d'abonar l'import corresponent a les costes en concepte de peritatges causades en defensa de la persona titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta en el percentatge que correspongui un cop efectuat el prorrateig que estableix l'article 36.3 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
Tant en aquest supòsit com en l'anterior, s'entenen com a costes en concepte de peritatges causades en la defensa de la part beneficiària les següents: la part proporcional de les costes comunes generades com a conseqüència dels peritatges que el jutge o jutgessa ha acordat d'ofici o, si s'escau, a instància del Ministeri Fiscal, i l'import íntegre dels peritatges ordenats pel jutge o jutgessa a instància de la persona beneficiària.
4.5 El Departament de Justícia també s'ha de fer càrrec dels peritatges que el Ministeri Fiscal hagi acordat durant la instrucció del procediment en l'àmbit de la Llei orgànica de responsabilitat penal dels menors o en la fase d'investigació prèvia al procés penal, sempre que, d'acord amb els criteris establerts a l'apartat anterior i la legislació processal d'aplicació, aquests no hagin de ser a càrrec de les parts.
Article 5
Peritatges acordats en un procediment d'execució
Els peritatges l'import dels quals es pot satisfer mitjançant la quantitat obtinguda en un procés d'execució no són a càrrec del Departament de Justícia. En el cas que la quantitat obtinguda sigui insuficient, el Departament de Justícia ha de pagar l'import que correspongui satisfer, si s'escau, a la persona titular del dret a l'assistència jurídica gratuïta i també, en la jurisdicció social, a la persona declarada insolvent, amb els límits quantitatius fixats a l'annex d'aquesta Ordre, segons l'objecte del dictamen pericial. En els supòsits d'insolvència de la jurisdicció social, per al pagament d'aquests peritatges cal el corresponent certificat judicial de la insolvència total o parcial de la persona executada.
Article 6
Pagament avançat dels peritatges judicials
El Departament de Justícia pot avançar el pagament dels peritatges judicials inclosos en l'àmbit d'aplicació de l'article 1, en els termes i d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:
a) El Departament de Justícia pot avançar el pagament del peritatge un cop el perit o perita hagi realitzat i lliurat el dictamen pericial corresponent a l'òrgan judicial o, si s'escau, al Ministeri Fiscal.
b) Les gerències i els serveis territorials del Departament de Justícia poden avançar el pagament dels peritatges per una quantitat compresa dins dels intervals establerts a l'annex, d'acord amb l'objecte del dictamen pericial. Dins d'aquests intervals, les gerències i els serveis territorials poden valorar i instar la reducció de les minutes d'honoraris que els perits i perites hagin presentat, en funció de la dificultat del dictamen pericial.
No obstant l'anterior, el perit o perita, una vegada finalitzat el procediment mitjançant una resolució judicial ferma, pot presentar una nova minuta d'honoraris professionals per tal que sigui abonada, si s'escau, per la part condemnada a costes. En el cas que la part condemnada a costes sigui beneficiària del dret d'assistència jurídica gratuïta, només haurà d'abonar la minuta si la seva situació econòmica millora en els tres anys següents a la fi del procediment, en els termes que estableix l'article 36.2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
Un cop la part obligada a pagar les costes faci efectiu l'import del peritatge, s'han de seguir els tràmits previstos a l'article 7.6.
c) En els preus fixats s'inclou l'IVA i la resta d'impostos que siguin aplicables, així com totes les despeses que hagi comportat l'emissió del dictamen pericial, inclosos els desplaçaments i les compareixences judicials del perit o perita, si s'escauen.
d) El Departament de Justícia en cap cas ha d'abonar provisions de fons als perits o perites designats.
e) En determinats supòsits, el Departament de Justícia pot autoritzar el pagament de peritatges la minuta dels quals superi les quantitats fixades a l'annex. Aquests supòsits han de reunir un o més dels requisits següents:
1. Que el peritatge consisteixi en la valoració d'un nombre elevat d'objectes, sempre que aquesta resulti especialment complexa.
2. Que per realitzar el dictamen pericial calgui utilitzar mitjans i aquests siguin especialment costosos i no es puguin entendre com a habituals. En aquests casos, el Departament de Justícia pot avançar les despeses necessàries per realitzar el dictamen.
3. Que, atesa la naturalesa de l'objecte del dictamen, aquest comporti una especial complexitat i/o no sigui possible ni per analogia incloure l'objecte del dictamen en cap de les categories i els preus establerts a l'annex.
En tots aquests casos, el tècnic o tècnica privat ha de trametre necessàriament a les gerències o als serveis territorials del Departament de Justícia que corresponguin, perquè l'aprovin, una previsió del cost econòmic del peritatge, que ha d'incloure els aspectes següents:
1. Temps previst per realitzar el peritatge i la valoració del cost per hora.
2. Despeses extraordinàries necessàries per fer-lo.
3. Còpia de la resolució judicial o de la disposició del Ministeri Fiscal per la qual se li encarrega el peritatge.
Les gerències i els serveis territorials del Departament de Justícia han de sol·licitar un informe raonat del jutge o jutgessa o del tribunal que ha ordenat el peritatge, o, si escau, del secretari o secretària judicial o del Ministeri Fiscal.
Correspon a les gerències i els serveis territorials del Departament de Justícia aprovar o denegar motivadament la previsió del cost econòmic del peritatge, sempre que no superi els 1.500 euros. En el cas que el pressupost del peritatge superi els 1.500 euros, per aprovar-lo, cal l'autorització prèvia de la Subdirecció General de Suport Judicial de la Direcció General de Recursos de l'Administració de Justícia.
La minuta d'honoraris s'ha d'ajustar a la previsió del cost econòmic, aprovada d'acord amb l'anterior.
En el supòsit que es prescindeixi totalment o parcialment del procediment descrit, el Departament de Justícia abonarà únicament les quantitats establertes a l'annex, segons l'objecte del dictamen pericial.
Article 7
Tramitació del pagament i documentació
7.1 El Departament de Justícia ha d'aprovar els formularis necessaris per tramitar el pagament dels peritatges regulat en aquesta Ordre. Aquests formularis es poden obtenir a les gerències i als serveis territorials del Departament de Justícia, a les oficines judicials i a través del web de l'Administració de justícia i d'altres portals i/o aplicacions informàtiques que determini el Departament de Justícia. En aquests llocs també s'informa sobre la documentació imprescindible que cal adjuntar a la sol·licitud de pagament d'honoraris professionals o, si s'escau, de les indemnitzacions per raó de servei, perquè es tramiti.
7.2 El pagament s'ha de tramitar preferentment a través de l'aplicació informàtica que el Departament de Justícia habiliti a aquest efecte.
7.3 El perit o perita ha d'iniciar la tramitació del pagament regulat en aquesta Ordre en un termini màxim de tres mesos des del lliurament del dictamen pericial. Superat aquest termini, el perit o perita ha d'esperar que el procediment judicial acabi mitjançant una resolució ferma per poder reclamar, si escau, el pagament del peritatge al Departament de Justícia.
7.4 Les gerències o els serveis territorials corresponents han de comunicar oportunament al jutjat o tribunal que s'ha pagat el peritatge al perit o perita, als efectes de la taxació i la regulació de les costes del procediment que correspongui.
7.5 Un cop finalitzat el procediment, el secretari o secretària judicial ha de lliurar a la gerència o als serveis territorials del Departament de Justícia corresponents un certificat que acrediti que el procediment judicial ha finalitzat mitjançant una resolució judicial ferma, amb indicació de si es compleixen o no els supòsits previstos en l'article 4.
7.6 En cas que s'hagi avançat el pagament del peritatge, però un cop dictada la sentència no es produeixen els supòsits consignats en l'article 4, en el moment en què la part obligada a pagar faci efectiu l'import del peritatge, el secretari o secretària del jutjat o tribunal que taxi i reguli les costes ha d'ordenar l'ingrés de les quantitats avançades en el compte restringit d'ingressos núm. 2100.0679.11.0200493175 del Departament de Justícia. El secretari o secretària judicial ha de comunicar l'ingrés realitzat a la gerència o als serveis territorials corresponents, especificar el concepte i deixar constància del procediment judicial en qüestió.
En el cas que per qualsevol circumstància el perit o perita hagués percebut de la part obligada a pagar el peritatge la minuta d'honoraris professionals corresponent, havent rebut amb anterioritat l'import avançat del peritatge, haurà de retornar l'import avançat pel Departament de Justícia, ingressar-lo en el compte esmentat del Departament de Justícia i presentar un justificant d'aquest ingrés a la gerència o als serveis territorials corresponents, en el qual haurà d'especificar el concepte i deixar constància del procediment judicial en qüestió.
7.7 En el cas que no s'hagi tramitat el pagament avançat del peritatge judicial, un cop finalitzat el procediment judicial, el perit o perita ha de lliurar a la gerència o als serveis territorials del Departament de Justícia corresponents, juntament amb la sol·licitud d'abonament del peritatge, un certificat del secretari o secretària judicial que acrediti que el procediment judicial ha finalitzat mitjançant una resolució judicial ferma i que es compleixen els supòsits previstos en l'article 4 perquè el Departament de Justícia assumeixi el pagament del peritatge judicial, a més de la documentació a què es refereix aquest article.
Article 8
Inhibició de l'òrgan judicial a favor d'un altre jutjat o tribunal
Els peritatges que han estat acordats per jutges o jutgesses que posteriorment s'han inhibit de la causa a favor d'un altre jutjat o tribunal han de ser tramitats per aquest darrer òrgan judicial. En cas d'inhibició a favor d'òrgans judicials de fora de Catalunya, el Departament de Justícia no es farà càrrec de l'import d'aquests peritatges.
Article 9
Formació
El Departament de Justícia, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ha de promoure la realització d'activitats formatives en matèries relacionades amb els peritatges judicials, així com les relacionades amb el seu pagament.
També pot col·laborar amb els col·legis professionals i altres entitats en les activitats formatives que realitzin en aquestes matèries.
Disposició addicional
En el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta Ordre, els col·legis professionals i la resta d'entitats esmentades a l'article 3 han de facilitar al Departament de Justícia les llistes de professionals disposats a actuar com a perits i perites quan el jutge o jutgessa els/les cridin, bé d'ofici, bé a instància del Ministeri Fiscal o bé a instància d'una part que tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta, en les condicions fixades en aquesta Ordre. Un cop rebudes aquestes llistes, el Departament de Justícia les ha de facilitar als òrgans judicials.
Disposicions transitòries
Primera
Les sol·licituds de pagament de peritatges judicials corresponents a nomenaments efectuats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre s'han de regir per la Circular 2/2003, de 23 d'abril, de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, de pagament dels peritatges judicials. Si el nomenament del o de la professional es produeix amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, aquesta serà aplicable a la sol·licitud de pagament corresponent.
Segona
Mentre els òrgans judicials i els o les professionals no disposin dels mitjans necessaris per tramitar el pagament dels peritatges judicials mitjançant l'aplicació informàtica que hagi habilitat el Departament de Justícia, les sol·licituds de pagament de peritatges judicials es poden presentar en paper davant les gerències i els serveis territorials del Departament de Justícia corresponents, i utilitzar a aquests efectes els mateixos formularis previstos a l'article 7.1.
Disposició derogatòria
Aquesta Ordre deroga la Circular 2/2003, de 23 d'abril, de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, de pagament dels peritatges judicials.
Disposicions finals
Primera
Es faculta el secretari o secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia perquè dicti les circulars i instruccions necessàries per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del que disposa aquesta Ordre, en especial, per aprovar els formularis necessaris per tramitar el pagament dels peritatges i per regular les llistes de perits i perites específiques a què es refereix l'article 3.
Igualment, s'autoritza el director o directora general de Recursos de l'Administració de Justícia a revisar periòdicament la tipologia i els imports dels peritatges judicials previstos en l'annex, en funció de les necessitats que es plantegin i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Segona
Aquesta Ordre entra en vigor als tres mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 17 de setembre de 2009
Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia
Annex
Taula de preus d'honoraris pericials segons l'objecte del dictamen:
- Béns mobles, vehicles, joies i objectes preciosos: de 40 euros a 65 euros
- Danys a béns immobles: de 70 euros a 100 euros
- Maquinària industrial: de 210 euros a 300 euros
- Antiguitats i obres d'art: de 210 euros a 300 euros
- Electrònica, informàtica i telecomunicacions: de 210 euros a 300 euros
- Auditoria i valoracions empresarials: de 420 euros a 600 euros
- Informes mèdics, psicològics i dels professionals sanitaris: de 350 euros a 500 euros
- Comprovacions topogràfiques, edificació: de 280 euros a 400 euros
- pericials cal·ligràfiques: de 210 euros a 300 euros
- Valoracions béns immobles, hipotecaris: de 210 euros a 300 euros
- Ambientals: de 280 euros a 400 euros
- Peritatges acordats en execucions socials: de 110 euros a 150 euros